Por Raúl Kollmann
Quien fuera uno de los principales escuderos de Aldo Rico, el
matón Carlos “El Indio” Castillo, fue declarado prófugo de la Justicia
esta semana, acusado de tenderle una emboscada e intentar el asesinato del
intendente de la localidad correntina de Monte Caseros, justamente la
ciudad en la que Rico inició una de sus rebeliones carapintadas. El
intendente Eduardo Galantini había denunciado que Castillo y otros
dirigentes y matones ligados al Modín de Rico intentan hacer base allí
“para traficar armas, drogas y combustibles al Paraguay”. Pero Castillo,
que siempre fue un hombre de confianza de Rico, al punto que asegura que
él mismo transportó el dinero que supuestamente Duhalde le pagó al
carapintada para sumarlo a su reelección, no es original. En la trama de
los hombres que secundan y secundaron al inminente ministro de Seguridad
bonaerense siempre aparece el tráfico de armas y explosivos. Justamente la
provisión de fusiles, pistolas y explosivos es una de las claves en la
cuestión de la red de delincuencia que sacude a la provincia. En la causa
AMIA, por ejemplo, ocho carapintadas fueron detenidos, sospechados de
haber aportado explosivos y apoyo logístico para el atentado. La
investigación probó, además, que el grupo ligado al Modín proveía a bandas
de piratas del asfalto y asaltantes de camiones de caudales. El propio
Castillo ya estuvo más de dos años preso en relación con un arsenal
encontrado en 1991 a apenas dos cuadras de la quinta presidencial de
Olivos. La pesquisa reveló que los explosivos y el armamento secuestrados
pertenecían en realidad a Rico y al Modín.En el caso de Monte Caseros
–investigado también por la legisladora de la Alianza Graciela Podestá–,
un cómplice de Castillo fue detenido con una pistola 9 milímetros durante
el intento de asesinato. El Indio logró huir en una camioneta 4x4 y el
juez que entiende en la causa ordenó su captura nacional e internacional.
Desde Buenos Aires, una fiscal y un comisario pidieron datos del hecho
porque investigan otro asesinato relacionado con la cuestión de Monte
Caseros: el matón Alberto Rodríguez fue acribillado en diciembre pasado en
la puerta de su casa. En la vivienda se encontró un arsenal
impresionante.Llamada fatal “Quieren matarlo”, le dijo una misteriosa
mujer por teléfono al intendente Galantini.–¿Quién habla?–Me llamo
Verónica Sánchez, pero quiero dinero a cambio de la información. Lo llamo
desde Buenos Aires. Galantini supo inmediatamente de qué se trataba. Desde
hace meses se viene oponiendo a la operación de compra de un inmenso
terreno recostado sobre el río Paraná. El traspaso intentó hacerse a
través de una testaferro, de nombre Irma Peña, por una cifra ridículamente
baja: 60.000 pesos. Intervinieron en la operación la Unión Ferroviaria y
el Sindicato Marítimo, conducido por Omar “El Caballo” Suárez. Este
dirigente consiguió convertirse en secretario general del gremio tras la
toma del edificio, ocurrida en 1989, en el que los matones entraron
armados al grito de “El SOMU es de Rico y Seineldín” y “Con Rico no se
juega”. El Caballo era chofer del anterior secretario general y desde
aquella toma no hay elecciones limpias en el sindicato. Para que no
quedaran dudas, tras la compra trucha del terreno, llegó a Monte Caseros
el Indio Castillo para hacer la toma de posesión. En la oportunidad se
presentó como Capitán Solís, el mismo alias que usó cuando fue represor
del Proceso y participó de la llamada Noche de los Lápices. Lo cierto es
que el intendente Galantini viene insistiendo en que el predio está
ubicado en un punto estratégico de la triple frontera
(Argentina-Uruguay-Brasil) y públicamente –a través de los diarios
ElLibertador y El Litoral– acusó a los dirigentes marítimos y carapintadas
de tratar de establecer una base operaciones para el tráfico de armas,
drogas y combustibles. Se sabe que una petrolera menemista-carapintada,
Cop Petrol, en la que aparecen como socios Rico y su compañero de
conducción del Modín, Emilio Morello, realizan sospechosas operaciones
relacionadas con el Paraguay (ver aparte).Fingiendo querer comprar la
información sobre el plan para matarlo, Galantini citó a la misteriosa
mujer en un paraje ubicado a 30 kilómetros de Monte Caseros. La supuesta
Verónica Sánchez le había dicho que no podía llegar a la ciudad porque
tenía miedo de que la matara El Caballo, oriundo de allí. Lo cierto es que
Galantini hizo la denuncia policial correspondiente y llegó al lugar en el
marco de un operativo conducido por el comisario Guillermo Zaracho y en el
que varios efectivos de civil estaban alertas. En la tormentosa y oscura
madrugada nadie bajó del micro que venía de Buenos Aires. Pero no bien se
fue el autobús, apareció súbitamente una 4x4, de la que se bajó un hombre.
Los policías reaccionaron rápido, acercándose y deteniendo al individuo,
pero el hombre de la camioneta Toyota blanca, chapa CUZ 843, al verse
cercado, aceleró, pasó entre los efectivos, y se dio a la fuga. Quien
estaba al volante era, justamente, El Indio Castillo. El detenido tenía
encima una pistola 9 milímetros y fue identificado como Alberto Argentino
Gelvez, con domicilio en La Plata, ciudad donde también vive Castillo.
Ante el juez Juan Claudio Queirel, Gelvez reconoció que fue contratado por
el discípulo de Rico, pero obviamente se defendió diciendo que su trabajo
no consistía en matar a Galantini sino en hacerle de chofer al Indio. Nada
explicó de la pistola 9 milímetros. Lo concreto es que, con los
reconocimientos y las pruebas en sus manos, el juez Queirel pidió la
captura inmediata de Castillo, quien es desde esta semana prófugo de la
Justicia. El misterioso predio de la ciudad-símbolo de Rico, Monte
Caseros, ya apareció en el centro de la escena por otro homicidio. En la
localidad bonaerense de Florida fue asesinado –le pegaron cinco tiros por
la espalda– Alberto Rodríguez, otro matón originario del Proceso, el Modín
y los carapintadas. En la vivienda de Rodríguez se encontró suficiente
trotyl como para volar otra AMIA, nueve armas largas, cuatro
ametralladoras ultramodernas y hasta un impresionante y devastador fusil
Kalashnikov AK-47. La documentación indicaba que Rodríguez había roto con
el Caballo Suárez y el Indio Castillo y se oponía a la operación de compra
del predio de Monte Caseros. Así lo dijo públicamente en un congreso del
SOMU, cuatro días antes de morir. El comisario que investiga ese hecho,
Guillermo González, ya se comunicó con su par correntino para que le mande
datos sobre el intento de asesinato de Galantini. Castillo siempre
apareció como posible sospechoso del crimen de Rodríguez. La historia de
muertes, sin embargo, no había empezado allí: en la causa judicial se
menciona también el asesinato de una joven llamada Karina Yerbal. Era la
empleada más cercana al Caballo y solía acompañarlo a Monte Caseros.
También la mataron por la espalda, con varios tiros de calibre 22, el arma
usada por los asesinos profesionales.Aquella imagen de duros, pero
honestos que siempre quisieron transmitir los hombres de Rico se derrumba
por la fuerza de las evidencias. Lo que se ve detrás de la fachada son
crímenes, matones, tráfico de armas, drogas y combustibles, desarmaderos
de autos robados, relación con bandas de ladrones de camiones de caudales
e incluso fuertes sospechas de robos y negocios turbios realizados para
financiar la actividad política del carapintadismo.Informe: Laura Sottile
y Gabriel Zuzek
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Claves * Un tradicional hombre de
Rico, Carlos "El Indio" Castillo, está prófugo de la Justicia. Trató
de matar al intendente de Monte Caseros, la ciudad en que Rico
inició una de sus rebeliones carapintadas. Tráfico de Armas y
explosivos En diciembre de 1995, como parte de la investigación del atentado contra la AMIA, el juez federal Juan José Galeano detuvo a una banda de traficantes de armas integrada por carapintadas del círculo más cercano a Aldo Rico. Jorge Pacífico, un comando experto en explosivos, y los también embetunados Juan Carlos Coppe y Ricardo Villariño, fueron tres de los once civiles y militares detenidos y procesados por acopio de armas de guerra. La investigación de Galeano también incluyó a Emilio Morello, por entonces diputado nacional del Modín, y rozó a Ricardo Aleksiejoner, secretario privado de Rico y firme candidato a acompañarlo en pocos días más al Ministerio de Seguridad bonaerense. Las pruebas recolectadas entonces no fueron suficientes para probar la vinculación del grupo con la voladura de la mutual judía, pero sí para dejar en claro que se dedicaba a la venta ilegal de armas y explosivos. En sucesivos allanamientos, los investigadores encontraron 100 detonadores, 75 granadas, 60 panes de trotyl, 8 panes de explosivo plástico, mechas y cordones de detonación, fusiles, municiones, ropa de combate, credenciales falsas de la Corte Suprema y de la Policía Bonaerense, y 35 mil dólares en efectivo. Un verdadero arsenal con todo lo necesario para atender al mercado de piratas del asfalto y grupos comando que operan en territorio bonaerense con la complicidad o protección de la policía provincial.Algunos de los miembros de la banda eran suboficiales en actividad del Ejército con destino en Campo de Mayo. Los encargados de la pesquisa explicaron que desde allí podían disimular los faltantes de armas y explosivos. Buena parte de los investigados habían sido soldados del Modín de la primera hora. Morello, Coppe y Pacífico, por ejemplo, pertenecieron al sector del Ejército que participó de los alzamientos. Su amistad con Rico fue paralela a su militancia carapintada. Tras la creación del Modín, Morello se convirtió en diputado nacional y secretario general del partido. Y Pacífico, en asesor del entonces concejal riquista Alejandro Montiel.La causa Armas fue elevada a juicio oral; aunque la vinculación con el atentado contra la AMIA no esté probada, sobre el tema quedaron muchas sombras. Pacífico nunca pudo dar una explicación convincente de por qué estaba muy cerca de la mutual judía el día del atentado, junto a otros integrantes del Modín. En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia señalaron que los acusados “sacaban las armas de distintas guarniciones militares para ser colocadas en el sendero de la comercialización ilegal”. Los cargos contra ellos son robo, comercio clandestino, acopio de armas y explosivos y asociación ilícita. Entre fierros Entre las últimas denuncias que salpicaron a Aldo Rico está la del desarmadero de autos robados, uno de los clásicos negocios ilegales de la Policía Bonaerense. Oscar Yanquelevich, un chatarrero de San Miguel, se presentó ante la Justicia Federal para pedir por su seguridad y acusar a una banda integrada por funcionarios del intendente y efectivos de la policía provincial.Yanquelevich contó que la Municipalidad de Rico le alquiló un terreno en Bella Vista y llevó allí más de 500 vehículos supuestamente robados. Durante todo un año, agregó, los autos fueron desarmados y sus partes comercializables, retiradas por empleados municipales con rumbo desconocido. La orden que recibieron los operarios del desarmadero, reveló el chatarrero, era “hacer desaparecer las patentes y los blocks de los motores”.La denuncia apunta directamente a tres funcionarios de estrecha ligazón con Aldo Rico. Se trata de Gustavo Salerno, el jefe de Inspecciones de San Miguel; Jorge Elhaibe, subdirector de la Policía municipal, y Carlos Dioca, director de Tránsito. Salerno es un carapintada que pasó a retiro luego de los levantamientos militares y acompañó a Rico a lo largo de toda su carrera política: fue secretario de Interior del Modín y empleado del bloque de diputados riquista en el Congreso Nacional hasta que recaló en San Miguel junto a su jefe. Elhaibe es un ex suboficial que también participó de la rebelión de Semana Santa.El desarmadero estuvo en actividad durante todo un año y dejó de funcionar, según Yanquelevich, hace apenas tres meses. En ese lapso, el chatarrero tomó numerosas fotografías que muestran los movimientos de los municipales dentro de su terreno. El denunciante explicó que en el pozo ciego del lugar todavía hay “cientos de las patentes que había que hacer desaparecer”.El de Yanquelevich no es el único caso investigado por la Justicia. Los concejales de la Alianza denunciaron que Rico tomó para su municipio un préstamo de un millón de dólares que nadie sabe en qué se gastó. También cuestionan sobreprecios en las compras y la concesión del tendido de alumbrado eléctrico a precios cuatro veces más altos que los de mercado. Un capítulo aparte son los episodios de violencia protagonizados durante la campaña electoral por el ex teniente coronel, que fue acusado públicamente de agredir a militantes del PJ en las internas. Los batatas que lo acompañaron en la toma del hospital Larcade, a su vez, hicieron lo propio durante la última campaña electoral con los que pegaban afiches de la Alianza. A balazo
limpio En marzo del año pasado, dos supuestos asaltantes asesinaron al subsecretario de Seguridad de San Miguel, Bernardo Velázquez, de un balazo en el cuello. Ocurrió un sábado a las once de la noche, en una parrilla ubicada sobre la ruta 8, frente a Campo de Mayo. Velázquez era sargento retirado del Ejército; desde el área de Seguridad de la intendencia se encargaba de coordinar tareas con las comisarías de la zona. Aunque para los investigadores el funcionario fue atacado porque intentó frustrar un asalto, el episodio pasó a integrar una lista de oscuros hechos de violencia sufridos por dirigentes políticos del municipio. La muerte de Velázquez se produjo en la misma semana en que dos desconocidos intentaron subir a la camioneta de Rico y gatillaron dos veces contra él un arma que no se disparó. Esta vez, todo ocurrió cuando Rico volvía de firmar la afiliación al PJ que coronó su alianza con Eduardo Duhalde. Esa noche Rico y su mujer, Noemí Crocco, se dirigían a su casa en su 4 x 4 pathfinder. Al detenerse en un semáforo, dos sujetos subieron a los estribos por ambos lados del vehículo y uno de ellos encañonó al intendente con un revólver diciéndole “dame la camioneta”. El carapintada aceleró y el que le apuntaba, antes de caer, alcanzó a gatillar. En el mismo momento, el hijo de Rico recibía amenazas y al día siguiente su mujer Noemí escuchó el siguiente mensaje al levantar el teléfono: “La próxima vez el revólver no va a fallar”. Los dos actos de violencia precedieron a una seguidilla de intimidaciones que había apuntado también contra el secretario de Gobierno Oscar Zilocchi. Otro tanto le pasó a la concejal Stella Prunotto cuando, siendo titular del cuerpo legislativo de San Miguel por el partido de Rico, decidió pasarse a las filas de la Alianza. Su hijo Leonardo fueatacado a tiros a pocos metros de un patrullero policial, como culminación de una ola de amenazas de muerte sufrida por Prunotto y su familia tras el cruce a la oposición. El Concejo de San Miguel contaba entonces con doce ediles y, a la hora de desempatar, la mano de Prunotto valía por dos. La petrolera
carapintada Aldo Rico incursionó en la actividad privada como socio de la petrolera Cop Petrol, empresa que hoy es investigada por la DGI por una millonaria maniobra de evasión impositiva que los encargados de la pesquisa sospechan que podría relacionarse con el robo de naftas, su adulteración y el contrabando. De la mano de Santiago Cúneo –el mismo que empapeló Buenos Aires con miles y miles de afiches por la re-reelección de Carlos Menem–, Emilio Morello (ver “Los traficantes...”) y el ex teniente coronel EnriqueVenturino –uno de los que encabezaron el levantamiento de Semana Santa–, el intendente carapintada se metió de lleno en el negocio del combustible. Específicamente, en el de las estaciones de servicio blancas, aquellas que venden naftas importadas y sin una marca reconocida.La historia de Cop Petrol es tan oscura como meteórico su crecimiento económico. Fue creada en enero de 1997, y pronto comenzó a adquirir estaciones blancas en el interior del país, aunque nunca quedó en claro de dónde salían los fondos. Apenas que la empresa se nutría de extraños créditos venidos del Paraguay. Parte de la actividad de la petrolera es abastecer de gasolina a terceros, a precios inusualmente bajos para el mercado. En su pesquisa los hombres de la DGI, que tienen bajo la lupa a un amplio grupo de firmas del sector de los combustibles, encontraron decenas de facturas falsas y relaciones con empresas truchas. Apareció entre otras cosas un directivo que en realidad era pintor de brocha gorda; documentos notariales ilegales, hechos con papel membretado robado y firmas de escribanos inexistentes. También proveedores que supuestamente funcionan en el edificio de la embajada de Paraguay y hasta empresas cuyo domicilio era el mismo que la oficina del ex contador de María Julia Alsogaray o baldíos y villas miseria. Cuando este diario, en noviembre del año pasado, difundió la existencia de la petrolera carapintada, Rico anuncio públicamente su “total desvinculación” de Cop Petrol. En realidad, quien figuraba en los papeles como accionista es su esposa Noemí Crocco, y hasta ahora los sabuesos de la DGI no tienen constancia de que haya dejado de serlo. De todas maneras, el dato no es fundamental porque lo que está en cuestión es toda la actividad de la petrolera desde su fundación, incluido el período en que los Rico participaron del negocio. |