Página/12

UN INFORME DE LOTERIA PROPONE CERRAR O INTERVENIR EL CASINO
Un barco que queda a la deriva

Fundamentado en la maniobra presuntamente fraudulenta para ingresar el barco al país, el informe al que accedió Página/12 propone revocar el contrato o intervenir el casino. Para la empresa, el barco es una mina de oro: las utilidades rondan los 147 millones de dólares anuales. Un informe del BBVA sostiene que la nave está valuada en 18 millones, mientras que la empresa sostuvo que valía 6,2 millones.


El juego rinde sus frutos: el casino de Buenos Aires es el negocio más importante de Cirsa. Un decreto de Menem modificó los porcentajes de ganancia, tornando más apetecible el negocio.

El Casino flotante tambalea. En un informe interno al que accedió Página/12, Lotería Nacional propone la revocación del contrato o la intervención del barco. El documento que tiene en su escritorio el presidente de Lotería está fundamentado en la maniobra presuntamente fraudulenta de los dueños del casino para ingresar el barco al país. Para Lotería, los directivos del Casino están “cuestionados en su buena fe y trasparencia” y halló, en las resoluciones de la AFIP y en el expediente de la causa, los motivos que ya permitirían el cese del contrato. Pero el barco casino es una mina de oro para los españoles de Cirsa. Así lo muestran tres informes de consultoras internacionales a los que accedió este diario. En esos informes hay un dato clave que presentará hoy el diputado radical Luis Martínez ante la fiscalía: la consultora del Banco Bilbao Vizcaya asegura que el valor del barco de Cirsa no es de 6.200.000, tal como había declarado la empresa, sino de 18 millones de dólares. Este dato agravaría aún más la situación judicial de los españoles.
“Desde un primer momento, Casino de Buenos Aires –dice el informe de Lotería– intentó beneficiarse con un régimen aduanero que no le correspondía, para lo cual tuvo que realizar una simulación para burlar los controles de la misma, incumpliendo con esa actitud lo que estipula el pliego.” Este es uno de los puntos claves de un informe que podría terminar con la administración española en la operación del barco.
Casino Buenos Aires es parte del holding español Cirsa, encabezado por Manuel Lao. Los ibéricos, dueños en su tierra del negocio de las tragaperras, desembarcaron en Buenos Aires durante el último año de administración menemista. Bajo el gobierno de Carlos Menem, se convirtieron primero en uno de los principales proveedores de Lotería en la operación de apuestas on line y luego se hicieron dueños de un negocio más que millonario. Fue un decreto del propio ex presidente el que creó las condiciones para que hoy la consultora Merryll Lynch pudiera decir que el Barco Casino “es el proyecto más importante” del holding. El informe del BBVA estima las utilidades anuales del casino en unos 147 millones de dólares, superiores a las que Cirsa obtiene con el casino de Marbella.
En ese decreto 600/2000, Carlos Menem invirtió un porcentaje que hasta allí definía las ganancias del negocio del juego. Por esa resolución el Estado ya no percibe el 80 por ciento del beneficio del juego, sino que obtiene sólo el 20 de su ganancia líquida. El decreto rige para los casinos nacionales. El único casino nacional es el buque “Estrella de la Fortuna”.
El barco entró al puerto de Buenos Aires beneficiado por el régimen de importación temporaria. La legislación argentina concede ese beneficio sólo a operadores que alquilan un barco. Para conseguirlo el grupo de Lao presentó en la Aduana un contrato de alquiler fechado el 13 de septiembre de 1999, con la firma Buenos Aires Entertainment Corporation, de Bahamas. Ese contrato, que indicaba que Casinos Buenos Aires alquilaba el buque durante tres años prorrogables a veinte, les permitió acceder a la importación temporaria y, presuntamente, al fraude: Casino Buenos Aires y Buenos Aires Entertainment Corporation son dos empresas del grupo Cirsa.
Con esa maniobra, la empresa lograba evadir unos 6 millones de dólares según cálculos de la Aduana, porque el valor del barco declarado allí y en Lotería –donde presentaron otro contrato– fue de 6.200.000 dólares. En diciembre del año pasado Página/12 publicó en exclusiva esta información, en la que voceros de la empresa confirmaban que las compañías eran del grupo. Fue a partir de esa publicación que el diputado Martínez pidió a la AFIP la revisión de la medida que terminó con la interdicción y el pedido judicial de cese de actividades.
La resolución 288 de la AFIP, reseñada en el informe de Lotería, señala que la Aduana “desconocía” la documentación completa del barco cuandoautorizó el ingreso. Con esos documentos en la mano, la AFIP fundamentó en su resolución: “La importadora habría pretendido tercerizar el contrato original al solo efecto de poder importar temporalmente el buque con exención tributaria”. A esto agregó: “De haberse presentado dicho contrato ante esta autoridad aduanera, de ninguna manera hubiese podido destinar exitosamente el buque de la forma que lo hizo”. En la resolución negó, así, la prórroga para la extensión del beneficio. Esa medida fue refrendada por el juez Marcelo Aguinsky, que dictó la interdicción sin derecho a uso. Pero las puertas del barco no se cerraron. Un recurso de amparo presentado por el Casino en un tribunal porteño detuvo el cierre, pero no las investigaciones.
El directorio de Lotería estudió ahora el pliego y contrato del casino. Las irregularidades halladas desde la inauguración del buque podrían habilitar al organismo a retirar la concesión sin pagar indemnización. “Es suficientemente grave –dice el informe–, ya que por la resolución de la AFIP los integrantes de la dirección de dicha sociedad pueden ser condenados por delitos dolosos contra la administración pública.”
Frente a esta situación, en el informe se recomienda “a fin de resguardar los derechos” de la Nación y de Lotería que la actividad debe desarrollarse bajo los controles que el Estado imponga. Por eso proponen dos opciones. “Revocación de la concesión, conforme al incumplimiento parcial o total de los principios o disposiciones del pliego.” O, en segundo lugar, “la intervención de la conducción operativa hasta tanto quede clarificada o firme la situación procesal”.
“Se podría llegar a la recesión del contrato o a la intervención –admitió a este diario Carlos Alberto Alderete, presidente de Lotería Nacional–. Esta es una investigación paralela a la de la Justicia: si bien la empresa cumple con todos los pagos, hay otros puntos que merecen ser investigados.”
Hasta ayer la Justicia no contaba con el detalle de las cifras aportadas ahora por Martínez. En la página 12 del informe del BBVA que hoy presentará el diputado en la fiscalía, se aclara la inversión hecha por Cirsa en la compra del “Estrella de la Fortuna”. “La compañía invirtió –dice– unos 18 millones de dólares en la compra, traslado y adaptación de un barco en Mississippi que se ha convertido en el mayor casino de Latinoamérica.” Hasta aquí, el proceso de la presunta evasión impositiva se refería a 6.200.000 dólares. Este nuevo dato, según el diputado Martínez, hablaría de faltas graves: “Es posible que la empresa no sólo no haya presentado un contrato engañoso, sino que haya falseado todas las cifras”.
También la oficina anticorrupción desde hace diez días investiga al barco. A raíz de una denuncia originada por el legislador porteño Abel Fleitas, el organismo pidió expedientes y documentos vinculados al pliego de licitación.

El acta de constitución de una cooperativa de trabajo dice “DELTA”. Entre sus integrantes hay una sorpresa: Víctor Daniel Amoroso, el secretario general de AALARA –gremio de empleados de juegos de azar– es el presidente de la cooperativa. Fuentes de la investigación señalaron que los servicios de charter y remises que parten del playón del buque casino pertenecerían a DELTA. Amoroso no está solo. Tienen participación allí Noemí Rial y Horacio Darío Egea, hermano de Miguel Angel Egea (ver aparte), un hombre considerado mano derecha de Alberto Kohan.
La cooperativa Delta en su artículo quinto establece sus atribuciones: “Realizar trabajos de atención de salas de juego, salas de casinos, Bingo, Lotería, Prode, Quiniela, Quini 6, Loto, máquinas tragamonedas y cualquier otro juego de azar que la autoridad de aplicación autorice en el futuro”. Además quedan habilitados para realizar trabajos de gastronomía, servicio de bufet, tareas de atención de bares. En este apartado de actividades múltiples, se ha pensado incluso en las playas y servicios de remise: en el punto cuatro Delta queda habilitada para hacer “tareas de trasporte y traslado de personas en automóviles de alquiler y otros vehículos”. La cooperativa se formó el 22 de septiembre del `99, bajo el acta de resolución 255/88 del registro de S.A.C. promovida por Víctor Daniel Amoroso, José Luis Bogarín y Pablo Martín Kenny. Amoroso fue empleado del Ministerio de Trabajo y desde allí su imagen pública recorrió los medios el año pasado, cuando inició una serie de denuncias contra la lotería La Solidaria, propiedad de una empresa competidora de la española Cirsa. Desde su gremio, defendió a capa y espada la instalación del barco casino cuando se había convertido en polémica e interpuso recursos de amparo para impedir los pedidos de clausura del barco. Hasta ahora, el único y amoroso motivo declarado por el dirigente sindical era “la defensa de los puestos de trabajo”.

El nombre de Miguel Angel Egea apareció vinculado al casino flotante. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12 Jorge Lima, vicepresidente de Lotería Nacional durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se otorgó la concesión. Egea es dueño de Martiel SA, fundada con el ex jefe de operaciones de la ESMA, Jorge Radice. Además está estrechamente vinculado a Alberto Kohan. Algunas de estas relaciones pueden echar luz sobre un gran negocio montado durante el gobierno menemista.
El primer contacto oficial entre Cirsa y el Estado fue en diciembre del ‘98. Hasta esa fecha, Lotería Nacional tenía dos grandes proveedores para cubrir el sistema de apuestas on line, entre otros servicios. Cincuenta por ciento del paquete era manejado por Ciccone Calcográfica. En diciembre, pocos meses antes del desembarco del casino, Ciccone se desvinculó de Lotería.
En su lugar entró Cirsa, el grupo de Manuel Lao asociado a Win Sistemas. De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, Egea sigue vinculado comercialmente a Ciccone. Fue uno de los hombres que gestionó el negocio millonario de pasaportes entre el gobierno chino y un joint venture formado por Martiel, Ciccone Calcográfica y CTI. Aparte de Egea, con los hermanos Ciccone también trabajó Jorge Lima como empleado del área de Planificación de la Producción.
Mientras Cirsa se asentaba así en Buenos Aires, Carlos Menem se disponía a instruir el decreto que convertiría la instalación del único casino que tendría Buenos Aires en una mina de oro. Lotería no hizo una licitación para la concesión del barco. Se llamó a un concurso para operador de un barco casino en un proceso que fue cuestionado por Magic Casino, el otro grupo que se presentó como oferente. Hubo treinta días desde el llamado a concurso hasta el cierre de las presentaciones. Antes de conocer el resultado, Cirsa –que no contaba entre su estructura de negocios de casinos montados en barco– compraba el The Barb Kehl (luego Estrella de la Fortuna) a la norteamericana Kehl River Boats.
Cirsa obtuvo después la concesión por 15 años del casino, plazo que puede extenderse a cinco años más. En el pliego, Lotería dio la opción para la incorporación de un segundo barco. Aunque existieron tratativas de la empresa ante una consultora para efectuar esa tramitación, ahora el proceso parece frenado. De todos modos, en los informes elaborados para la salida a la Bolsa se hacen estimaciones de ganancia sobre ese segundo barco, que aparecería según –Merryll Lynch– en el tercer trimestre del 2001.