| Por Diego Schurman
Enrique Espínola Vera no renunciará a la
Subsecretaría de Relaciones Laborales hasta que se aclaren las denuncias
que lo involucran en un presunto cobro de coimas a sindicalistas. Así lo
aseguró a Página/12 el propio funcionario en una jornada cargada de
versiones sobre dimisiones y relevos en el Ministerio de Trabajo. El
dirigente del Frepaso aparece mencionado en anónimos que la ministra de
Trabajo, Patricia Bullrich, presentó ante la Oficina Anticorrupción y en
los que se lo señala como “cabeza de una organización” que opera en la
cartera laboral otorgando expedientes “previo pago de cifras muy
importantes”. Cerca de la ministra ya hablan de Espínola Vera como si
se tratara de un ex funcionario. Es más, anoche corrió insistentemente una
versión que daba por hecho su renuncia. Consultado por este diario, el
frepasista realizó su descargo: “La renuncia siempre está en estudio, eso
no lo voy a negar. Pero antes quiero que se aclare que yo estoy limpio de
todo esto que se me acusa. Después veré”, aseguró. Dos de los tres
escritos que están en poder de la Oficina Anticorrupción llevan la firma
de una denominada Mesa de Enlace de Trabajadores del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Recursos Humanos. El primero se titula “Cadena de
Corrupción en el Ministerio” y realiza un punteo sobre presuntas
irregularidades en las que habría incurrido el actual subsecretario de
Relaciones Laborales y en los que también se involucra a otros
funcionarios, sindicalistas y abogados. Allí se asegura que:
Espínola
Vera fogoneó la resolución 130 del 1º de agosto de 2000 por la cual la
subsecretaría a su cargo “pretendía suprimir la vigencia del convenio
colectivo de trabajo debidamente homologado a cambio de 150 mil pesos
oblados por el presidente de la obra social del sindicato de combustibles
de Santa Fe”.
Y que el funcionario en cuestión otorgó un certificado de
autoridades al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), “que adelantó
las elecciones un año en forma irregular a cambio de la no despreciable
suma de 200 mil pesos”. Algunas voces de la propia cartera laboral
aseguraron ayer que la embestida de Bullrich incluiría al secretario de
Empleo, el también frepasista Horacio Viqueira. Pero desde el entorno de
la propia ministra negaron la versión y se preocuparon en remarcar que no
existe persecución hacia los dirigentes del Frepaso. De hecho,
Bullrich habría llevado tranquilidad al frepasista Darío Alessandro en una
comunicación telefónica mantenida horas antes de que el presidente del
bloque de diputados de la Alianza y alter ego de Carlos “Chacho” Alvarez
partiera a España como integrante de la comitiva presidencial. En el
Frepaso ven el “fantasma De Santibañes” detrás de la figura de Bullrich
debido a la buena relación de la ministra con el ex jefe de la SIDE. Una
de las razones de la renuncia de Alvarez a la vicepresidencia fue la
reticencia de Fernando de Santibañes a abandonar el cargo. Alvarez
reconoció en la intimidad que su candidato para ocupar el Ministerio de
Trabajo, cuando tambaleaba Alberto Flamarique, era el diputado frepasista
Juan Pablo Cafiero. Consideraba, de acuerdo al reparto de cargos en la
coalición, que la cartera laboral debía ser conducida por el Frepaso.
Bullrich no sólo nunca fue de ese partido, sino que además reconoce su
cercanía con Antonio, con quien compartió la tarea de confeccionar los
discursos de campaña de su padre, Fernando de la Rúa.
| A mirar la letra
chica
El Gobierno y la CGT oficial analizarán mañana la letra chica del
decreto de desregulación de las obras sociales, que entrará en
vigencia el 1º de enero de 2001, informó ayer el ministro de Salud,
Héctor Lombardo. La decisión se tomó durante una reunión
que el funcionario y el superintendente de Salud, Rubén Cano,
mantuvieron ayer con Rodolfo Daer, Luis Barrionuevo, Carlos West
Ocampo, Domingo Petrecca, Oscar Lescano, Gerardo Martínez, Oscar
Mangone, Juan Miguel García, Vicente Mastrocola, Elena Palmucci y
Juan Martini. Las negociaciones continuarán a cargo de una
comisión compuesta por tres representantes gubernamentales –de los
ministerios de Economía, Salud y la Superintendencia de Salud— y
cinco de la CGT oficial. Daer aseguró a Página/12 que hay
coincidencias sobre la necesidad de fortalecer la “solidaridad” de
las obras sociales sindicales, aunque en el Gobierno no consideran
que eso signifique hacer los menores cambios posibles al actual
sistema de salud. |
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